El decreto de educación infantil esconde nuevos recortes y perjudica a los centros y a las familias.

  • El PP Andaluz pide en el Parlamento que la actual normativa se mantenga durante este curso y revisarla “con urgencia” porque es “poco ambiciosa e insuficiente”
  • El decreto reduce las ayudas a las familias, no dignifica al sector ni garantiza el futuro de las escuelas y de sus trabajadores.
28 - Marzo - 2017





    El grupo popular en el Parlamento de Andalucía presentará en el pleno de este jueves una Proposición No de Ley en la que insta al Consejo de Gobierno a suspender el Decreto Ley con el que pretende regular los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil, para niños de entre cero y tres años, al considerar que esa norma “perjudica tanto a los centros como a las familias andaluzas” y no hace sino “esconder nuevos recortes” en la etapa educativa de los cero a los tres años.


La portavoz de Educación, Marifrán Carazo, ha afirmado que la nueva regulación se quiere imponer “sin dialogar con los agentes implicados y con la intención de implantar un nuevo modelo de financiación”. A través de ese modelo, ha subrayado, la Junta “sólo pretende mejorar sus estadísticas de cara a la galería con un aumento de plazas, pero sin pensar realmente qué es lo más conveniente para las escuelas, para las familias y para mejorar la Educación”. Es un decreto que “reducirá las ayudas a las familias, no dignifica al sector ni tampoco garantiza el futuro de las escuelas y de sus trabajadores”, ha enfatizado.

Carazo ha recordado que los convenios en la Educación Infantil de cero a tres años se remontan al año 2002, cuando esa etapa educativa “comenzó a tener un valor considerado”, lo cual llevó a la administración andaluza a recurrir a escuelas infantiles privadas para prestar este servicio. Siete años después, en 2009, se aprobó el decreto por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo educativo, “elaborado sin consultar a los profesionales del sector” y que, pese a que los populares pensaban que sería modificado para corregir sus errores, “no ha sido objeto de ninguna mejora”.

De todos modos, lo peor vino a partir de 2012, cuando la administración autonómica empezó a “incumplir” los derechos que les habían sido reconocidos a las escuelas infantiles con un convenio firmado el 20 de junio de 2011. “A partir de entonces comienza todo a tomar un rumbo catastrófico para la Educación infantil de cero a tres años”, ha sintetizado Marifrán Carazo.

La parlamentaria ha enumerado algunos de los perjuicios para el sector: eliminación de la bonificación del 100% de la cuota del servicio de comedor, congelación del precio de la plaza escolar y del IPC anual “mientras sí que sufrían ese incremento los centros”, retrasos sistemáticos de hasta cinco y seis meses en el abono de la paga compensatoria de agosto…

A todo eso hay que sumar la “postura de acoso de la Agencia Andaluza de Educación” hacia las escuelas infantiles, con inspecciones en horarios “que debilitan la calidad de trabajo sobre los niños, como el de comedor” o hasta la paralización de pagos a centros si no completan una serie de encuestas a las familias que tienen niños allí.

La situación, ha subrayado Marifrán Carazo, puede empeorar aún más con este Decreto Ley que pretende aprobarse, por lo que la Proposición No de Ley de los populares exige mantener el Decreto vigente para este curso, convocar “de manera urgente” a la mesa sectorial para revisar y actualizar la actual normativa, “que es claramente poco ambiciosa e insuficiente” y consensuar la propuesta resultante con los agentes implicados, así como incrementar la dotación presupuestaria de la Educación Infantil “para mejorar la calidad del servicio” y garantizar los pagos “en tiempo y forma” para acabar con los retrasos e incumplimientos mencionados.